Miles de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han recuperado la posibilidad de solicitar su libertad bajo fianza tras un fallo de un tribunal federal de apelaciones que limitó este jueves la política de detenciones impulsada por la Administración de Donald Trump. La corte concluyó que mantener a una persona bajo custodia durante más de 90 días sin una audiencia y la posibilidad de fianza vulnera las garantías del debido proceso.
La decisión de por dos votos contra uno por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito podría beneficiar a miles de personas retenidas en centros de detención ubicados en Texas, Luisiana y Misisipi, Estados bajo la jurisdicción de ese tribunal. La mayoría del panel determinó que, aunque el Gobierno puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes mientras avanzan sus procesos de deportación, la Constitución exige que quienes permanezcan bajo custodia durante periodos prolongados tengan la oportunidad de solicitar su liberación mediante una audiencia de fianza.
En la opinión mayoritaria, el juez Leslie Southwick escribió que la Constitución protege los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio. “Parte de la majestuosidad histórica de esta antigua carta fundacional radica en que no hace excepciones a la hora de otorgar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se le priva de su libertad personal”, escribió Southwick.
El fallo contó además con el respaldo del juez James Graves. En contraste, el juez Cory Wilson emitió un voto disidente al sostener que la decisión reduce la autoridad que el Congreso tiene sobre la política migratoria y que la jurisprudencia de la Corte Suprema no obliga al Gobierno a conceder audiencias de fianza en estos casos.
El litigio se originó a raíz de una reinterpretación de la ley migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2025. Durante décadas, la detención obligatoria sin derecho a fianza se aplicó principalmente a personas detenidas al ingresar al país o poco después de cruzar la frontera. Sin embargo, la Administración Trump amplió esa interpretación para incluir también a inmigrantes arrestados en el interior de Estados Unidos, incluso si llevaban años o décadas viviendo en el país mientras enfrentaban procedimientos de deportación. Posteriormente, la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, adoptó ese criterio, lo que permitió a jueces de inmigración ordenar detenciones obligatorias sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza.
El Quinto Circuito no anuló esa interpretación de la ley migratoria, pero sí estableció que una detención que supere los 90 días requiere ofrecer al inmigrante una audiencia para solicitar su liberación. Los magistrados tampoco definieron cómo deberán realizarse esas audiencias ni qué criterios deberán aplicarse para decidir si una persona puede quedar en libertad. Señalaron que esos aspectos probablemente deberán resolverse en futuros litigios.
Qué impacto puede tener el fallo
La resolución podría influir de inmediato en cientos de casos pendientes en Texas y en miles de inmigrantes detenidos dentro de la jurisdicción del Quinto Circuito, una de las regiones con mayor número de centros de detención migratoria del país.
En su análisis, la mayoría destacó que muchas de las personas afectadas por la política de detención obligatoria no tienen antecedentes penales y cuentan con vínculos establecidos en Estados Unidos, factores que reducen el riesgo de fuga o de representar un peligro para la comunidad.
El Departamento de Seguridad Nacional expresó su desacuerdo con la decisión y aseguró que mantiene confianza en la legalidad de su interpretación sobre la detención obligatoria.
El debate, sin embargo, está lejos de terminar. La Administración Trump ya pidió a la Corte Suprema revisar otro caso relacionado con esta política, por lo que se espera que el máximo tribunal termine definiendo el alcance de la detención obligatoria y de las protecciones constitucionales aplicables a los inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación.
